Es posible el trabajo a favor del bienestar de todos, sin soluciones opuestas o de suma cero, en el que se pongan de acuerdo autoridades, empresarios y trabajadores.
Esto, justamente, es lo que ha sucedido con la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas. La iniciativa busca que más mexicanas y mexicanos tengan derecho a una pensión y que ésta sea mejor, beneficiando a todos, pero primordialmente a los grupos de trabajadores formales con ingresos más bajos.
Con la reforma que está por presentarse en el Poder Legislativo, los empresarios incrementarán sustantivamente, en un periodo progresivo de ocho años con otros dos años de gracia previos, el porcentaje con el que contribuyen en la aportación obligatoria de los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno concentrará la aportación que anteriormente repartía entre todos los trabajadores, sin importar su nivel salarial, entre los trabajadores que ganan hasta 4 UMAS, para que, en estos casos, la carga no recaiga enteramente sobre el empleador. De esta forma, se reducen riesgos para propiciar informalidad laboral y se protege el gasto de las pequeñas empresas.
Por otro lado, las Pensiones Mínimas Garantizadas pasarán de un monto de un salario mínimo a un promedio de 2.4 salarios mínimos en promedio, y este beneficio alcanzará a cada vez más trabajadores, ya que el requisito de cotización pasará de 1,250 a 750 semanas. Además, la cuota social que el gobierno de México pagaba a trabajadores que ganaban hasta 15 salarios mínimos se redirigirá solo a los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos. Esto último en sintonía con los valores del gobierno del presidente López Obrador, en el que el gasto público debe ser redistributivo y beneficiar, primero, a los que menos tienen.
Algunas voces han levantado preocupación por los efectos que lo anterior puede tener en el gasto del gobierno y, por tanto, en el futuro de México. Sin embargo, estas preocupaciones no tienen sustento real, ya que lo formulado es, de hecho, fiscalmente neutral. Es un círculo virtuoso que abre esta propuesta no compromete el futuro de México ni incrementa el gasto público de los próximos años.
De hecho, durante los primeros 20 años se presentará un flujo positivo de recursos hacia las arcas gubernamentales, al incrementarse la contribución obligatoria que pondrán los empleadores. Por otro lado, durante los siguiente 30 años sí habrá un costo para el gobierno, ya que comenzará a pagar la Pensión Mínima Garantizada de un número mayor de trabajadores que alcanzarán pensión. Sin embargo, la suma de recursos positivos y negativos se neutraliza. En conclusión, el gobierno de mañana, y por ende los mexicanos de mañana, no tendrán que pagar por los retirados de los próximos años.
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